Disponer la liquidación y pago de un incremento salarial del 10% a partir del 1° de noviembre de 2020, remunerativo y bonificable, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.-

Pando de Mercado, María Cecilia c/ Gente Grossa S.R.L. s/ daños y perjuicios [La libertad de expresión y publicaciones de sátira política - Sentencia de cámara que condenó a la editora de una revista a indemnizar los perjuicios provocados por la difusión de un montaje fotográfico con leyendas que la actora consideró lesivas de sus derechos al honor y a la imagen - Conflicto entre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de quien efectuó la publicación y los derechos a la imagen y al honor de quien fue aludida -Lugar preeminente del derecho a la libertad de expresión en el marco de nuestras libertades constitucionales por su importancia para el funcionamiento de una república democrática - Límites que deben atender a la existencia de otros derechos constitucionales que pueden resultar afectados por su ejercicio, así como a la necesidad de satisfacer objetivos comunes constitucionalmente consagrados - Expresiones que se refieren a la actora en su faceta de figura pública - Activa intervención en el debate público sobre los procesos judiciales referidos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar - Publicación que se encuentra vinculada a un asunto de interés público - El hecho que da origen a la publicación controvertida pretende referir a un reclamo que se realizó en un espacio público - Medio gráfico de características satíricas en el que se cuestiona el tratamiento que los medios gráficos dan a la difusión de noticias e intenta mostrar un mensaje crítico del poder - Periodismo de opinión crítico realizado con humor caricaturesco y satírico - Sátira como género literario que constituye una de las herramientas de comunicación de críticas, opiniones y juicios de valor sobre asuntos públicos - Estándar de revisión correspondiente a los supuestos de expresión de opiniones o críticas - El criterio de ponderación aplicable a los juicios de valor respecto de la reputación y el honor de terceros, deberá estar dado por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que en forma manifiesta carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan- Publicación que se encuentra dentro del ámbito de protección que la Constitución Nacional brinda a la libertad de expresión - No configura un insulto gratuito ni una vejación injustificada - Se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda]

Vela, Marcia Andrea y otros c/ Gas Natural Ban S.A. y otros s/ daños y perjuicios [Derecho a la seguridad y responsabilidad objetiva frente a los usuarios - Sentencia que admitió la demanda contra la locadora por los daños y perjuicios provocados por la intoxicación con monóxido de carbono que provocó el fallecimiento de un niño, pero la rechazó en relación a la empresa de gas y la citada en garantía - Existencia de instalaciones defectuosas y antirreglamentarias - Omisión de evaluar de manera pormenorizada la incidencia causal que pudo haber tenido en la producción del daño la habilitación incorrecta del servicio de gas y el incumplimiento de deberes de seguridad a cargo de la empresa prestadora. Sentencia de cámara que, para eximir de responsabilidad a la empresa, omitió considerar la extensión de la obligación de seguridad - Seguridad como valor expuesto en la norma del artículo 42 de la Constitución Nacional que debe guiar la acción de todos aquellos que realizan actividades que, directa o indirectamente, se vinculen con la vida o la salud de las personas- Los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial - Escueta conclusión del fallo, que no hizo mérito sobre las irregularidades identificadas en el peritaje producido en la causa, así como tampoco ahondó en la responsabilidad que le podría corresponder a la empresa prestadora del servicio de gas - Falta de fundamentación de la sentencia que, de tal forma, se apoya en una afirmación dogmática - La situación de incertidumbre, invocada como único argumento para solventar la exoneración de responsabilidad de la empresa, debió ser acompañada de un análisis fundado, ponderando la obligación de seguridad, los elementos de prueba reunidos en el expediente y la atribución de responsabilidad que, de manera especial y con carácter objetivo, establece el artículo 40 de la ley 24.240 - Arbitrariedad - Se deja sin efecto la sentencia apelada]

Tommasi, Julio Alberto y otros s/ causa n° 15710 [Sentencia penal: necesidad de garantizar una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio - Condenas por la participación necesaria penalmente responsable de los recurrentes sobre la base de la facilitación voluntaria de la finca de su propiedad para que fuera utilizada por autoridades del ejército para cometer los hechos objeto del proceso - Delitos de lesa humanidad- Rechazo de cualquier argumento que pretenda sostener a priori que la mera pertenencia a una categoría –por ejemplo, la de civil– pueda impedir, por sí misma, la posibilidad de formular a su respecto un reproche penal por la responsabilidad que le pudiera caber en la comisión de delitos de lesa humanidad - Procedencia de agravios relativos a que en la instancia casatoria no se revisó debidamente la sentencia condenatoria - Doctrina del precedente "Casal" (Fallos: 328:3399) - Sentencia que convalidó la condena limitándose a reiterar los fundamentos del fallo pero sin abordar ni refutar los conducentes planteos respecto tanto a la falta de correlato de los indicios de cargo con las constancias probadas de la causa como a la alegada presencia de razonamientos contradictorios - El a quo se limitó a aseverar la validez del proceso de crítica interna y síntesis del fallo condenatorio que en su función revisora debía examinar - Actividad revisora que devino en insuficiente en la medida que se limitó a repetir los términos empleados en la sentencia de mérito - El deber de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad tiene que ser asegurado cumpliendo también con las normas constitucionales y convencionales que obligan a velar por el respeto de las garantías judiciales - Sin emitir juicio sobre el fondo del asunto, se descalifica y deja sin efecto la decisión impugnada a fin de que el a quo asegure el doble conforme de la sentencia condenatoria]

Municipalidad de Junín c/ Akapol S.A. s/ apremio [Necesaria intervención del superior tribunal provincial en presencia de cuestión federal - Juicio de apremio iniciado por la municipalidad contra una empresa por los montos devengados en concepto de tasa municipal - Rechazo de los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad por parte del superior tribunal local - Admisibilidad excepcional de la procedencia del recurso extraordinario en los juicios ejecutivos cuando resulta manifiesta la inexistencia de deuda exigible - Lo contrario implicaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales - Omisión de ponderar argumentos conducentes para la correcta solución del pleito - Falta de tratamiento de los agravios de índole federal oportunamente introducidos por el recurrente fundados en la falta de publicación oficial válida de la ordenanza que establece el tributo - Principio de reserva de ley - La intervención del superior tribunal de provincia es necesaria en virtud de la regulación que el legislador nacional hizo del art. 31 de la Constitución Nacional - Se revoca la sentencia apelada - Disidencia del juez Rosenkrantz: las cuestiones relativas a la admisibilidad de los recursos locales son privativas de los superiores tribunales de provincia y no resultan aptas para habilitar la instancia extraordinaria federal - Decisión que cuenta con fundamentos de orden procesal suficientes, que la sostienen como acto jurisdiccional válido]

Salvatierra, Ramón Gustavo y otros s/ daño agravado (art.184 inc.5) y amenazas [Defensa en juicio: derecho a la libre elección de la asistencia letrada - Pronunciamiento de cámara que rechazó la designación del defensor elegido por el imputado y nombró un defensor oficial - Argumento relativo a que la estrategia de la defensa consistía en apartar a los jueces de la causa dada la relación de amistad que tenía el abogado elegido con uno de ellos - Rechazo de los recursos de la defensa oficial planteando la nulidad de su designación - La resolución que priva al imputado de ser representado por un letrado de su elección es equiparable a definitiva, en cuanto ella puede causar un perjuicio irreparable a la garantía de defensa- Evidente derecho de quien ocurre ante la justicia como actor o demandado, querellante o acusado, para elegir la persona que, llenando las condiciones legales, produzca en su nombre los alegatos y pruebas pertinentes a los fines de poner de manifiesto el derecho que le asiste - Garantía de la libre defensa en juicio - Entidad de la vulneración de las garantías federales que habían sido sometidas a conocimiento del tribunal - La cámara no podía omitir el tratamiento de las cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la solución del litigio mediante meras afirmaciones dogmáticas y ritualistas - Se deja sin efecto la sentencia apelada]

Moreira, Luis Daniel s/ su presentación [Recursos procesales como facultad del imputado y no como potestad técnica del defensor - Presentación del condenado, quien manifestó ante la Corte su voluntad de impugnar la decisión del superior tribunal de provincia por la que se rechazó su recurso extraordinario, también presentado in pauperis formae, contra la condena - Remisión del legajo al tribunal local a fin de que arbitrara los medios necesarios para que se fundamentara técnicamente la voluntad recursiva expresada - Presentación devuelta a la Corte luego de que el asesor letrado contestara negativamente a fundar la voluntad recursiva - Nueva remisión de las actuaciones al tribunal provincial - Deber de extremar los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa en juicio - No basta con que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor - En una materia tan delicada como la concerniente a la defensa en sede penal los juzgadores están legalmente obligados a proveer lo necesario para que no se produzcan situaciones de indefensión - Defensor Oficial que se ha limitado a acompañar un escrito que estaría destinado a ser descalificado ante la instancia extraordinaria al haberse negado a fundar técnicamente la voluntad recursiva del imputado - El tribunal superior debió haber asumido con mayor prudencia la misión que le compete, en orden a tomar a su cargo el aseguramiento de la efectiva tutela de la inviolabilidad de la defensa - Se devuelven las actuaciones al tribunal provincial a fin de que, a la mayor brevedad posible, dé debido cumplimiento a lo ordenado]

Descalzo, María Betania p/ sí y en rep. de sus hijos menores y otro c/ Brossi S.A. y otros s/ accidente – ley especial [Relación de causalidad adecuada como presupuesto para la atribución de responsabilidad civil - Pronunciamiento que hizo lugar a la demanda fundada en el derecho civil a fin de obtener la reparación integral de los daños derivados de un fallecimiento - Caída a un pozo, posteriores cirugías y existencia de patologías previas - Fundamento en que la aseguradora había incumplido con sus deberes de prevención de riesgos que le impone la ley y en la deficiente atención médica que le habría brindado y su derivación a la obra social - Omisión de examinar adecuadamente las constancias del expediente que podían resultar demostrativas de que el motivo del deceso del causante no habría guardado vinculación con las inobservancias invocadas - La concatenación de hechos dispares y numerosos que el fallo describe para fundar su decisión no configura la relación de causalidad adecuada entre la conducta imputada y el daño producido - El razonamiento del a quo permitiría extender la obligación de reparar sin limitación alguna a cualquier daño que se produzca, independientemente de su previsibilidad y del tipo de consecuencia en que aquel consista - Sentencia que equiparó todos los hechos condicionantes del lamentable desenlace, sin efectuar un examen pormenorizado de cada uno de ellos y su aptitud para configurar un eslabón preciso de la relación causal con los incumplimientos imputados a la ART - Exigencia de que las sentencias sean fundadas - Arbitrariedad - Se deja sin efecto la sentencia apelada]

Romero, Silvana Andrea c/ Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas s/ amparo ley 16.986 [Cobertura de prestaciones médicas a cargo de establecimientos no incluidos como prestadores - Condena a una obra social a proveer a la demandante la cobertura de la cirugía y sus prestaciones complementarias con el médico y clínica solicitados por la actora - Fallo que luce dogmático en el análisis del único elemento probatorio rendido en la causa por pedido de la propia cámara - Informe de la Superintendencia de Seguros de Salud indicando que la clínica no registraba inscripción vigente en el Registro Nacional de Prestadores - Sentencia que prescindió de lo informado sin brindar fundamentos consistentes y, en su lugar, se limitó a señalar que la falta de inscripción en el mencionado registro no impedía determinar que le correspondía a la enjuiciada otorgar la cobertura de la prestación - Obra social social demandada que ajustó su conducta a lo normado en las disposiciones vigentes por lo que no es posible endilgarle un incumplimiento de sus obligaciones - Argumentos que resultan ostensiblemente insuficientes para justificar el apartamiento del régimen jurídico aplicable al caso, máxime cuando este no ha sido tachado de ilegítimo - Se deja sin efecto la sentencia apelada - Disidencia del juez Rosatti: recurso extraordinario inadmisible (art. 280 CPCCN)]

Anselmi y Cía. SRL c/ Administración Federal de Ingresos Públicos -DGI- s/ impugnación de deuda [Inexistencia de mayoría real de los integrantes del tribunal - Decisión que declaró desierto el recurso de apelación deducido contra una resolución de la AFIP por falta de integración del depósito previo - Magistrado preopinante que hizo un análisis doctrinario del principio solve et repete y concluyó que no se podía eximir de dicho requisito al apelante porque no había acreditado la imposibilidad manifiesta de pago, aunque pasó por alto el seguro de caución acompañado por el contribuyente sin dar fundamento alguno para descalificarlo como sustitutivo del pago previo - Jueza que adhirió a dicho voto y consideró que el seguro de caución no cumplía con los requisitos fijados por la Corte, sin especificar cuáles eran los requisitos que consideraba incumplidos - Tercer juez que firmó en disidencia y a favor de la apertura de la instancia recursiva - La alzada resolvió declarar desierto el recurso sobre la base de la coincidencia de dos votos que tienen fundamentos distintos - Sentencia que resulta nula, pues es una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria - Escoger en la instancia extraordinaria cualquiera de los dos fundamentos de los votos individuales que confluyeron en la decisión, para ejercer el control de constitucionalidad pretendida por la recurrente, importaría atribuir a la decisión de la alzada un fundamento que ella no tiene - Se deja sin efecto la sentencia apelada]

Formosa, Provincia de c/ Estado Nacional s/ amparo [Fijación de tarifas y falta de legitimación de la provincia para la defensa de los derechos de los usuarios - Acción de amparo iniciada por el Gobernador de la provincia contra el Estado Nacional en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, a fin de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Gobierno y Energía de la Nación (SGE) y de toda otra norma o acto administrativo dictado en consecuencia - Fijación de precios de potencia y energía - Cuestionamiento del incremento en las tarifas - Invocación de que la acción, en su faz colectiva, también se proyecta sobre los efectos comunes de la norma impugnada, en cuanto afecta al universo de los usuarios formoseños - Supuesta desigualdad en relación a otras provincias en las que el desarrollo económico es considerablemente mayor en que la colocaría la fijación de precios uniformes para todo el territorio nacional - Fundamento en que la decisión atacada provoca un problema social de primera magnitud, al privar a cantidad de familias con menos recursos de un servicio que es esencial para una vida digna - Competencia originaria de la Corte Suprema para entender en la causa, en tanto suscita una controversia entre una provincia y el Estado Nacional - La invocada afectación de los derechos de incidencia colectiva no autoriza la intervención de las autoridades provinciales en los términos del segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional - El texto constitucional solo menciona al afectado, al Defensor del Pueblo, y a las asociaciones que propenden a los fines indicados en la norma - Cuestión que requiere una mayor amplitud de debate y prueba que la que permite el limitado ámbito cognoscitivo de la acción de amparo - Se declara que la causa corresponde a la jurisdicción originaria del Tribunal, se debe sustanciar por el trámite previsto para el juicio ordinario y se circunscribe la pretensión a los intereses propios y directos de la provincia, excluyendo la defensa de los derechos de los usuarios que habitan su territorio]

Ríos, César Domingo y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Economía y otro s/ programas de propiedad participada [Legitimación para acceder al Programa de Propiedad Participada - Rechazo de la demanda iniciada contra el Estado Nacional y una compañía con el fin de obtener una reparación por los daños derivados de la falta de inclusión de los accionantes en el Programa de Propiedad Participada - Fundamento en que sólo los ex-agentes del ente a privatizar se encontraban legitimados para acceder al Programa - Afirmación de que los actores no lograron acreditar su carácter de ex-empleados de la Administración General de Puertos (AGP) al momento de la privatización, por lo que carecen de derecho de acceder al sistema - Recurso de los actores fundado en que su exclusión en virtud de provenir del Ente de Contratación y Garantización (ENCOGAR) y no de la AGP, soslaya lo dispuesto en la ley 23.696 - Cuando la ley no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente sin que resulte admisible efectuar consideraciones ajenas al caso que aquella contempla - De la propia ley surge claramente que los empleados que deben ser tenidos en cuenta a los fines del programa de propiedad participada son los que, al momento de la adhesión al programa, estaban trabajando en el ente a privatizar, en este caso, los empleados traspasados de la Administración General de Puertos a las concesionarias - Se confirma la sentencia apelada]

Paccagnini, Norberto Rubén y otros s/ recurso de casación [Nulidad de la concesión del recurso extraordinario - Sentencia que rechazó el recurso de casación intentado contra la condena a prisión perpetua en el marco de los hechos conocidos como la “Masacre de Trelew”, encuadrándolos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad - Recurso extraordinario interpuesto por la defensa oficial - Mayoría conformada por dos juezas que concedieron el recurso sólo en lo concerniente a la cuestión federal alegada vinculada con la caracterización de los hechos juzgados como constitutivos de crímenes de lesa humanidad - Voto de una de las juezas y el tercer camarista de la sala que lo declaró inadmisible en lo que respecta a los restantes puntos de agravio - Concesión parcial del remedio federal que exhibe un sustento harto genérico que resulta inhábil para formar convicción acerca de la configuración de algún supuesto que justifique la intervención excepcional del Tribunal - Cada uno de los votos trasunta un diverso enfoque en la motivación para declarar la concesión del recurso, sin que se pueda conocer en qué aspecto existe coincidencia de fundamentos - Fallo que no se sustenta en una mayoría de opiniones sustancialmente coincidentes - La decisión debe configurar un todo indivisible, demostrativo de una unidad lógico-jurídica - No es solo el imperio del tribunal ejercido en la parte dispositiva lo que le da validez y fija sus alcances, ya que estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base al pronunciamiento - Se declara la nulidad parcial del auto de concesión del recurso]

Pérez, Yésica Vanesa s/ homicidio simple [Omisión de considerar la invocación de emoción violenta y el contexto de violencia de género al revisar una condena - Sentencia que condenó a la recurrente por el delito de homicidio simple en perjuicio de su ex pareja (art. 79 del Código Penal) - Falta de tratamiento del agravio de la defensa referido a la aplicación de la figura del homicidio en estado de emoción violenta (art. 81, inciso 1°, letra "a", del mismo código) - Rechazo de la atenuante fundado en la falta de inmediatez entre la agresión y la ofensa - La hipótesis de un suceso aparentemente nimio, que operó sobre un trasfondo ya existente como desencadenante era un argumento conducente, planteado oportunamente, que, más allá de la conclusión a la que finalmente se arribara, debía ser tratado por el tribunal en el marco de la revisión que le incumbía realizar - Omisión de considerar la prueba pericial y testimonial cuyo reexamen pedía la defensa - Expresión infundada de que ninguno de los tres elementos tipificados de la emoción violenta se había materializado en el caso - Situación de violencia doméstica y de género que se había dado por acreditada y a partir de la cual la defensa desplegaba su argumentación - Afirmación dogmática de que la presencia del arma se debía a que la condenada pensaba utilizarlo contra la victima, cuando la defensa había argumentado con base en diversos testimonios que la imputada llevaba el cuchillo permanentemente consigo como forma de protección - Trámite recursivo que no satisfizo los estándares de revisión amplia establecidos en el precedente "Casal" (Fallos: 328:3399) - Restricción sustancial de la vía utilizada por el apelante, sin fundamentación idónea suficiente - Violación a la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional - Se deja sin efecto la sentencia apelada]

Marini, Pablo Augusto c/ Asociación Civil Universidad del Salvador s/ despido [Desvinculación de un docente de una universidad privada - Despido con causa con fundamento en que habría proferido comentarios insultantes hacia los homosexuales frente al alumnado de la materia de Ética - Sentencia de cámara que hizo lugar a la demanda con fundamento en que se habían violado las normas internas fijadas en el estatuto de la demandada para proceder a la remoción de los docentes - Las normas referidas no establecen tales exigencias en modo alguno y la sentencia apelada no ha brindado ninguna razón válida para concluir lo contrario - El estatuto académico no exige la realización de un sumario, no otorga al docente la posibilidad de controvertir la causa del despido antes de que este sea dispuesto y tampoco condiciona la legitimidad de un despido con causa a que se haya seguido un procedimiento previo ante las instancias superiores de la institución - Fue el propio actor quien decidió no apelar ante instancias superiores de la institución e inició directamente el pleito- Inadecuada aplicación del artículo 32 de la ley 24.521, que establece la obligación de recurrir ante una cámara federal, ya que se aplica únicamente a instituciones universitarias nacionales y no a entidades privadas - Ninguna de las normas internas de la universidad invocadas por el actor exigen la realización de un sumario o sujetan la legitimidad del despido a que se garantice el derecho de defensa del docente - Tratándose de una entidad privada que no ha violado la ley 24.521 ni su normativa interna a la hora de disponer el despido, la legitimidad de la desvinculación no está condicionada al ejercicio del derecho de defensa por parte del actor y solo depende de la existencia de justa causa - Arbitrariedad - Se deja sin efecto la sentencia apelada - Disidencia del juez Rosatti: recurso extraordinario inadmisible (art. 280 CPCCN)]

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores c/ Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social s/ acción de amparo [Régimen de Trabajo Agrario y resguardo del derecho al trabajo en el sector productivo rural - Pronunciamiento que rechazó los planteos de inconstitucionalidad de la Ley 26.727 - Recurso de la asociación sindical impugnante - Creación y regulación del Servicio Público de Empleo para Trabajadores Temporarios de la Actividad Agraria (SPETTA), que es organizado y coordinado por el Ministerio de Trabajo - Modificación en el sistema de contratación de trabajadores rurales que imperaba hasta la sanción de la ley cuestionada, según el cual la actividad era, en parte, realizada por los sindicatos con personería gremial a través de las llamadas bolsas de trabajo agrario - Propósito de disminuir los altos índices de informalidad laboral del sector rural - Mayor participación estatal en la intermediación entre la oferta y la demanda laboral, lo que le permite al Estado ejercer funciones esenciales - Regulación que no vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ya que, por el contrario, la participación del Estado en el acercamiento de la oferta y la demanda y la fiscalización de las condiciones de contratación apuntan a resguardar el derecho al trabajo en el sector productivo rural que se caracteriza por altos índices de informalidad y precarización laboral - Normativa que no implica despojar a la asociación sindical impugnante de funciones que le atribuye la Constitución Nacional y, menos aún, en forma exclusiva - Falta de demostración de que se haya afectado, en forma indirecta, el ejercicio de otras funciones sindicales o de la libertad sindical - Agravios que no traducen más que críticas a la oportunidad, mérito y conveniencia del sistema público de empleo creado por el Congreso de la Nación - Cuestión que excede el control judicial - Regulaciones dictadas en el ejercicio de la función del Estado de crear condiciones dignas y equitativas de empleo y fiscalizar su cumplimiento - Improcedencia del agravio referido a la limitación del derecho de la actora a ejercer la concertación colectiva de salarios y condiciones laborales de sus afiliados - El régimen impugnado no impide la concertación de convenciones colectivas en el marco de la Ley 14.250 - Se confirma la sentencia apelada]

AFIP – DGI c/ Ecoave S.A. s/ ejecución fiscal – A.F.I.P. [Ejecución fiscal y fuero de atracción de la quiebra - Conflicto negativo de competencia entre el juez que llevó a cabo la ejecución fiscal y el juez a cargo de la quiebra de la demandada - Examen de dos cuestiones en cuya decisión no concurren las opiniones de los mismos tres jueces del Tribunal- Inexorable obligación constitucional que pesa sobre la Corte de decidir los asuntos pendientes - Necesidad de escindir el conjunto decisorio en las diversas cuestiones que lo componen para alcanzar la indispensable mayoría absoluta de votos concordantes a fin de dictar una sentencia válida - Situación de excepción - Imposibilidad de convocar a conjueces al no concurrir ningún supuesto -de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los cinco miembros del Tribunal- que autorice dicha integración - Primera cuestión: determinar el órgano que debe dirimir la contienda - Por mayoría: los conflictos de competencia suscitados entre magistrados nacionales ordinarios y magistrados federales que tienen asiento en una provincia deben ser resueltos por la Corte- Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco: el órgano legalmente facultado para dirimir la contienda es la cámara federal que reviste la calidad de tribunal de alzada del juez que primero conoció en la causa - Segunda cuestión: determinar el magistrado ante quien quedarán radicadas las actuaciones - Por mayoría: el fuero de atracción de la quiebra de la fallida resulta improcedente y las actuaciones deben permanecer en el juzgado de origen, sin perjuicio del derecho del accionante de verificar la acreencia contra la quebrada en el marco del proceso universal - Disidencia de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti: remisión a sus respectivos votos en el precedente de Fallos: 331:756 - Radicación de la causa ante el fuero de atracción del proceso universal]

La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/ cobro de pesos [Modo de cálculo de las regalías hidrocarburíferas - Reclamo de la provincia contra el Estado Nacional por el cobro de diferencias en la liquidación de las regalías de petróleo y gas - Pretensión de tomar en cuenta el precio del petróleo internacional de acuerdo a lo establecidos en los arts. 32 y 33 de la ley 23.697 y no los precios de venta en el mercado local según el decreto 1757/90 - La ley 23.897 se limita a derogar el art. 34 pero nada dispone en relación con los arts. 32 y 33 de la ley mencionada - Inatendible argumento relativo a que el propósito con que se presentó el proyecto que fue sancionado habría sido el pleno restablecimiento de los artículos referidos - El razonamiento seguido en la demanda conduce a que la ley 23.897 termine teniendo la misma eficacia normativa que habría tenido si los proyectos desechados hubiesen contado con las mayorías necesarias para su aprobación por el cuerpo legislativo, aspiración que resulta palmariamente improcedente- En el proceso legislativo se actuó con pleno conocimiento de que limitar el alcance de la ley a la derogación del art. 34 de la ley 23.697 importaba mantener la vigencia del capítulo X del decreto 1757/90, o sea, ratificar la suspensión de los arts. 32 y 33 de la misma ley - Convalidación de la validez constitucional del decreto cuestionado por parte del Congreso Nacional en el contexto de grave riesgo social que era público y notorio a principios de 1990 - En el desarrollo de la política sobre hidrocarburos adoptada por el gobierno nacional, dicho decreto sirvió al trazado de una política pública confirmada en instancias ulteriores - Uno de los aspectos invariables de esta última ha sido el de tomar, siempre que sea ello posible, el precio de venta efectivamente obtenido por el productor de hidrocarburos como el componente sustancial del valor boca de pozo y, por consiguiente, de las regalías que tienen derecho a percibir cada una de las provincias titulares del dominio sobre ese recurso - Sea por los efectos que cabe atribuir al decreto 1757/90, cuya impugnación no ha de prosperar, sea por efecto de las demás normas vigentes que se dictaron durante el período 1990-2003 y sustituyeron el régimen de la ley 23.678, el crédito por diferencias en el cálculo de regalías que se ha invocado no puede ser atendido - Se rechaza la demanda]